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11 de Marzo de 2021

NUEVO IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACÍAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

INTRODUCCIÓN

El nuevo impuesto sobre viviendas vacías de la Generalitat Valenciana ha sido creado en la LEY 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, en su Título I, Capítulo I, Sección quinta.

Está pendiente de establecer por reglamento el procedimiento, los términos y las condiciones.

El impuesto sobre las viviendas vacías se regirá por las disposiciones incluidas en los siguientes apartados.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE REGULACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACÍAS

Naturaleza y objeto

El impuesto sobre las viviendas vacías es un tributo propio de la Generalitat Valenciana, de naturaleza directa, que graba las viviendas deshabitadas, como instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del impuesto y garantizar la función social de la propiedad de una vivienda.

Ámbito territorial de aplicación

El impuesto sobre las viviendas vacías es aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Afectación

El impuesto sobre las viviendas vacías tiene carácter finalista. Los ingresos que deriven de estos estarán afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos.

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre las viviendas vacías la tenencia de viviendas vacías no ocupadas en los términos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

A los efectos de este impuesto se entiende por vivienda vacía aquella que:

a) No se destine de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto.

b) Se encuentre permanentemente desocupada por un periodo superior a dos años, sin causa justificada.

Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, las personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores de viviendas en los términos del artículo 16 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana (más de 10 vivienda vacías).

Base imponible

Constituye la base imponible del impuesto sobre las viviendas vacías el número total de metros cuadrados construidos, incluidas las zonas comunes, de las viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha de devengo del impuesto.

Cuota íntegra

La cuota íntegra del impuesto sobre las viviendas vacías se obtiene de aplicar en la base imponible los tipos de gravamen de la escala siguiente:

Base imponible hasta (número de m²)	Cuota íntegra (euros)	Resto base imponible hasta (número de m²)	Tipo aplicable (euros /m²)
0	0	5.000	7,5
5.000	37.500	20.000	11,25
20.000	225.000	40.000	15
40.000	600.000	En adelante	22,5

Devengo

El impuesto se merita el 31 de diciembre de cada año y afecta al parque de viviendas del que es titular el sujeto pasivo en esta fecha.

Autoliquidaciones

Los sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías están obligados a presentar la autoliquidación del impuesto y a efectuar el ingreso en el formato, plazos y con el contenido que se establezca mediante orden del conseller competente en materia de hacienda, teniéndose que llevar a cabo en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática.

Gestión, recaudación e inspección

1. La gestión, recaudación e inspección del impuesto sobre las viviendas vacías corresponden a la Agencia Tributaria Valenciana.

2. La conselleria con competencia en materia de vivienda tendrá que facilitar dentro de los tres primeros meses del año natural posterior a la finalización del periodo impositivo la relación de titulares e inmuebles inscritos en el registro de viviendas vacías en el formato, plazos y con el contenido que se establezca mediante orden del conseller competente en materia de hacienda.

Infracciones y sanciones

El régimen de infracciones y sanciones en materia del impuesto sobre las viviendas vacías es el vigente en la Ley general tributaria y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las sanciones administrativas establecidas por la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

Recursos y reclamaciones

Los actos de gestión, de inspección y de recaudación dictados en el ámbito del impuesto sobre las viviendas vacías pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el Jurado Económico-administrativo, sin perjuicio de la interposición previa, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante el órgano que haya dictado pacto impugnado.

Compensación a favor de los ayuntamientos

1. La Generalitat tiene que adoptar las medidas compensatorias o de coordinación pertinentes a favor de los ayuntamientos que hayan aprobado en ordenanza municipal el recargo previsto en el artículo 72.4 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

 2. Las medidas compensatorias o de coordinación a las que hace referencia el apartado 1 se tienen que ajustar a los siguientes términos:

a) Se tienen que referir a las viviendas vacías situadas en el correspondiente municipio que hayan sido efectivamente grabados por el impuesto establecido por esta ley, y tienen que tener en cuenta el importe del recargo sobre el impuesto sobre bienes inmuebles que habría grabado estas viviendas.

b) Tienen que tener carácter anual y se tienen que adoptar después de la acreditación de los importes del recargo del impuesto sobre bienes inmuebles que correspondería haber aplicado a estas viviendas en el año natural en que se ha meritado el impuesto.

c)Se tiene que establecer por reglamento el procedimiento, los términos y las condiciones.

 

11 de Marzo de 2021

IMPLICACIONES DEL COVID-19 EN EL CIERRE 2020 Y LAS CUENTAS ANUALES

1. LA POSIBLE NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. (CONSULTA 3 BOICAC 121 MARZO 2020)

Según el ICAC el cese en la actividad referido en la NIC 10, en el marco conceptual y en la NRV 23ª del PGC hay que entenderlo como un cese definitivo y no como una interrupción temporal de la actividad. De esta manera, salvo que los administradores de la sociedad tengan la intención de liquidar la sociedad o los efectos del deterioro en la situación financiera de la entidad no permitan otra alternativa más realista que liquidar la empresa, no procedería determinar la inaplicación del principio de empresa en funcionamiento para la formulación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Si una vez ponderados los factores causantes y mitigantes de la quiebra del citado principio, la dirección opina que procede aplicarlo, la empresa informará sobre dichos factores en la nota de la memoria relativa a los «Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre».

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

La Resolución es de aplicación obligatoria para todas las entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, que deban aplicar el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y las normas de adaptación de los citados textos (en adelante, marco general de información financiera), cuando se haya acordado:

• la apertura de la liquidación o

• cuando los responsables de la entidad, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad o

• cuando no exista una alternativa más realista que hacerlo.

NRV 23ª PGC

En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

En consecuencia, las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los gestores, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad o que no existe una alternativa más realista que hacerlo.

Se procederá a revelarlas en el apartado “Bases de presentación de las cuentas anuales” de la memoria, explicando las razones por las que la empresa no pueda ser considerada como una empresa en funcionamiento.

Causas que individual o conjuntamente pueden quebrar el principio de gestión continuada.

Financieras: Posición patrimonial negativa o capital circulante negativo, problemas de refinanciación, flujos de efectivo de explotación negativos, pérdidas de explotación sustanciales o deterioros de activos sustanciales, incapacidad para pagar los vencimientos de acreedores, etc.

Operativos: Intención de la dirección de liquidar, dificultades laborales serias, problemas de escases de suministros importantes.

Legales: Arts. 323 y 367 d) LSC.

Normalmente vienen acompañados del cese de la actividad.

Puede verse mitigado

2. POSIBLES CONSECUENCIAS EN EL CIERRE DE 2020

• Ruptura de stocks.

• Cálculo de las amortizaciones

• Cálculo del deterioro del inmovilizado material e intangible. Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por laque se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

• Posible deterioro de existencias.

• Refinanciación de deudas.

• Aparición de contratos onerosos.

• Plan de reestructuración de plantillas.

• Ruptura de “covenant” en contratos de financiación

• Reconocimiento de activos por impuestos diferidos.

• APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE GESTIÓN CONTINUADA. TENER EN CUENTA POSIBLES EFECTOS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.

• Reconocimiento de Activos por pérdidas a compensar.

• Incremento de los gastos como consecuencia del covi-19: geles, mascarillas, etc.

3. AMORTIZACIONES: POSIBLES EFECTOS DEL COVID-19 EN EL CÁLCULO DE LAS AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 2020

En todas las normas se sostiene que, la amortización tanto del inmovilizado material como del intangible debe responder al consumo efectivo del activo debido a su uso obsolescencia, etc. que represente el deterioro calculado de una forma sistemática a lo largo de su vida útil estimada.

La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado temporalmente del uso, a menos que se encuentre totalmente amortizado, sin perjuicio de la necesidad de revisar su patrón de consumo siempre que el cambio sea significativo ajustándolo al importe estimado que realmente corresponda al deterioro sufrido.

Los cambios en el patrón de consumo que implican un cambio en el método contable se tratarán como un cambio en las estimaciones, de modo que debe tener repercusión contable en el ejercicio que se efectúa y en los siguientes, pero no en los anteriores.

4. EFECTOS DE LOS ERTE´S

Consulta número 1 del BOICAC número 122/mayo 2020.Sobre tratamiento contable de los costes a asumir por las empresas en los ERTEs consecuencia del COVID 19. Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

Art 47 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo podrá ser suspendido.

RDL 8/2020. Medidas extraordinarias en materia de cotización (art 24): En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el RDL en su art 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Con respecto a la Seguridad Social, el hecho contable que produce el devengo del gasto en concepto de Seguridad Social a cargo de la empresa se sigue produciendo, puesto que de cara al trabajador se producen los mismos efectos jurídicos que si dicha aportación empresarial se hubiera seguido abonando y, asimismo, la empresa queda sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos para el disfrute de dicha bonificación.

Condicionada al compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de la actividad.

Contablemente, la exoneración de la Seguridad Social se considera una bonificación, subvención, ya que la empresa se obliga a mantener al trabajador durante seis meses después de la finalización del ERTE.

En este caso de las percepciones a recibir por parte de los trabajadores (Sueldos y Salarios) no tienen naturaleza indemnizatoria, sino que son prestaciones por desempleo desembolsadas directamente por el Estado. El tratamiento contable sería el mismo para el caso de los salarios del personal asumidos por el estado en caso de reducciones temporales de jornada, de forma proporcional a la parte de la jornada que se deja de realizar por parte de los trabajadores

No obstante, en la medida que dichas bonificaciones se hacen efectivas a través de una reducción en las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa, puede admitirse que dicho importe minore el gasto ocasionado por este concepto, siempre y cuando de acuerdo con el principio de importancia relativa la variación que ocasione este registro contable sea poco significativa..

5. OTRAS AYUDAS ESTATALES

- Bonificaciones y moratorias de impuestos, por ejemplo, reducciones Impuesto sobre bienes inmuebles, actividades económicas y similares. Están sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones presentes y futuras, entre ellas el mantenimiento de empleo. Tratamiento de subvenciones y considerar las condiciones impuestas para determinar el momento en el que se deben considerar no reintegrables y su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Aplazamientos en el pago de diversos impuestos, sin intereses. Si aplazamiento de la deuda sin intereses durante un período superior a los doce meses, el pasivo se debe contabilizar por su valor actual y reconocer la correspondiente subvención, que se irá imputando a ingresos como una subvención de tipos de interés, desde el momento en el que sea no reintegrable.

- Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID19. Las entidades financieras son las que asumen el coste del aval, puede suceder:

a) La entidad financiera lo repercute a los clientes en el tipo de interés. Como consecuencia de ello, el coste del aval formará parte del cálculo del tipo de interés efectivo.

b) La entidad financiera no lo repercute y si de forma clara y evidente el prestatario obtiene un préstamo en condiciones fuera de mercado o una garantía sin coste a través de una ayuda gubernamental, habría que contabilizar la correspondiente subvención al ser préstamo con tipos de interés subvencionados. consulta número 1 del BOICAC número 81/marzo 2010.

6. EFECTOS EN LOS ARRENDAMIENTOS

6.1. Renegociación de arrendamientos

El Real Decreto-ley 15/2020, recoge la posibilidad de que los arrendatarios autónomos o pymes especialmente afectados por el Covid-19 soliciten al propietario, si es “gran tenedor”, una moratoria que deberá ser aceptada por este y, en caso de pequeños propietarios, no se estipula nada obligatorio pero se prevé la posibilidad también de una moratoria con la disposición de la fianza por el propietario.

Por GRAN TENEDOR se entiende la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley

En relación a la Cláusula “rebus sic stantibus” en arrendamientos:

- Sentencia Sala 1ª del Tribunal Supremo. Fallo, relacionado con una empresa filial de Accor Hoteles, vio avalada su posición de disminuir el importe de un contrato de arrendamiento después del recurso de casación i contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Valencia, por la que se denegaba la aplicación de la cláusula a un contrato de arrendamiento de un hotel situado en Valencia, de tal modo que “... procede la modificación del contrato, de 25 de febrero de 1999, respecto de la relación arrendaticia del Hotel Ibis, en el sentido de reducir la renta anual un 29% respecto de la renta vigente en el momento de interposición de la demanda… Dicha reducción de la renta arrendaticia será aplicable desde la presentación de la demanda del presente pleito hasta el ejercicio del año 2015, con la consiguiente devolución del exceso de renta cobrada durante la tramitación del presente procedimiento”.

- De tal modo que las cláusulas de un contrato están relacionadas con las circunstancias concurrentes en el momento de la firma, de forma que si estas cambian sustancialmente también deben modificarse.

- En base a esto, la renta contractual se verá reducida, en este caso, en un 29% y el arrendador deberá proceder a la devolución del 29% de las rentas pagadas desde la interposición de la demanda. Toma en consideración las rebajas de renta (50%) y de categoría (4 estrellas) que la cadena hotelera Eurostars con siguió respecto a su arrendador.

El Gobierno catalán publicó en el BOGC del dia15 de octubre de 2020 un nuevo paquete de medidas para frenar la expansión de la Covidi-19, y propone la incorporación al Código Civil catalán de la cláusula rebus sic stantibus que es cláusula que regula el cambio imprevisible de las circunstancias en los contratos. Con el objetivo de poder beneficiar a los negocios que verán parada su actividad económica y no podrán hacer frente al alquiler del local.

❖ ARRENDADOR

Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

Cuando el arrendador sea un gran tenedor, la persona física o jurídica arrendataria podrá solicitar al arrendador una moratoria que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

La moratoria se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación, o a partir de lafinalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

❖ ARRENDATARIO

ARRENDAMIENTO DE LOCALES AFECTOS A UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo establece:

REQUISITOS de arrendatarios para acceder a las medidas:

• AUTONOMOS:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, o por órdenes dictadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

• PYMES:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital. • Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

o Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

o Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, o por órdenes dictadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Renegociación de arrendamientos

1) No se recoge nada en el contrato de arrendamiento, ni se realiza ninguna adenda. Impago. Se devenga el ingreso y el gasto. El impago se considerará como una insolvencia y un deterioro.

2) Se recoge en una adenda como una modificación del contrato, puede ser una moratoria, meses carencia o disminución en el pago

▪ Moratoria. Se devenga igual el ingreso/gasto contablemente

▪ Carencia: Si se estipula unos meses de carencia, contablemente se repartirá el importe total del alquiler durante el resto de meses.

▪ Disminución en el precio del alquiler. Contablemente se devenga a partir de ese momento por un menor importe.

▪ Condonación: Si se estipula unos meses de condonación mediante modificación del contrato, contablemente se repartirá el importe total del alquiler durante el resto de meses.

No obstante, la consulta N º 3 del BOICAC N º 87/2011, se analiza el criterio que debe seguirse para reconocer el gasto relacionado con un contrato de arrendamiento operativo que incorpora un periodo de carencia. El coste anual del arrendamiento —incluida la moratoria o rebaja de la renta—debe ser distribuido entre los meses pendientes para finalizar el ejercicio económico, habiendo por lo tanto un devengo contable, de igual forma en estos meses, por la parte proporcional aunque no se produzca el pago.

7. INFORMACIÓN A PRESENTAR EN LAS CC.AA EN RELACIÓN A LA COVID-19.

En relación a los gastos, se presentarán los gastos adicionales de limpieza e higiene para control o prevención del contagio por covid-19; Posibles pagas temporales por riesgo para empleados; sanciones por demora o incumplimiento de contratos debido al cierre de instalaciones de producción; Disminuciones de alquileres facilitadas por arrendadores que se derivan de la COVID-19.

Y en relación a los Ingresos: Percepción de ingresos por seguros Covid-19.

8. CONSIDERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE 2020 EN LA CAUSA DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

No se tendrán en cuenta las pérdidas del ejercicio 2020 para el cálculo de la causa de disolución de sociedades.

En el artículo 363.1 e) del TRLSC indica que la sociedad deberá disolverse, entre otros motivos, por “e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

Tras una propuesta del Consejo General de Economistas, que fue debatida en una webinar con el Presidente del ICAC organizado por Economistas Contables y por el REA Auditores, las pérdidas que las sociedades generen en 2020 no computarán para el cálculo del patrimonio neto a los efectos de determinar la causa de disolución de las sociedades en aplicación del artículo 363.1 d) del TRLSC, tal y como se realizó con la crisis del 2008 respecto a las pérdidas producidas por el deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias o existencias.

En estos términos se manifiesta el artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, publicado hoy día 29 de abril de 2020 en el BOE.

De este modo, en dicho artículo se indica:

“Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley.”

9. SE SUSPENDE EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL SOCIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Efectivamente, dentro de las medidas adoptadas en Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE 6 de julio), en la disposición final cuarta, se modifica el artículo 40.8 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19. En este sentido, se indica que «8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

No obstante, el derecho de separación previsto en los apartados 1 y 4 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2020.»

De este modo, “….se permitirá la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la recuperación económica con una solvencia reforzada. La suspensión del derecho de separación se extiende solo lo necesario para conseguir el objetivo descrito, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2020”.

El artículo 348.1 y 4 que quedan suspendidos dicen:

“1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.”

Otras medidas del Real Decreto Ley 25/2020, son:

• Aprobación de una nueva línea de avales para fomentar la financiación para la inversión empresarial.

• Creación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

• Creación de una línea extraordinaria de cobertura de crédito circulante de apoyo a empresas exportadoras.

• Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística de hasta doce meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria, cuyos inmuebles se encuentre afecto a alguna de las siguientes actividades turísticas: hoteles y alojamientos turísticos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, así como agencias de viaje.

• Diversas medidas de apoyo al sector turístico: Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles afectos, sistema extraordinario de financiación de proyectos para la transformación digital e innovación del sector turístico, etc.

• Se bonifica el pago de los aranceles notariales y del Registro de la Propiedad, etc.

10. PROHIBICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN AQUELLAS EMPRESAS QUE SE ACOJAN A ERTES (RDL 18/2020)

En la interpretación del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021".

El artículo 5 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, indica:

“Artículo 5. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal.

1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley.

2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

a. No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”

Conclusiones:

❖ Las sociedades que se acojan a los ERTE´s no podrán repartir dividendos, siempre y cuando continúen en esa situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, y que contarán con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020. Esto es algo lógico a no ser que abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

❖ No se tendrá en cuenta en los dos casos siguientes:

o Cundo provenga de la aplicación del artículo 348 bis del TRLSC (derecho de separación del socio), ya que el dividendo que se paga sería con cargo a los resultados del ejercicio anterior.

o No será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

❖ Derecho de separación de socios:

o Con relación al ejercicio fiscal 2019 y con carácter general, queda suspendido el derecho de separación por falta de reparto de dividendos hasta el 31 de diciembre de 2020.

o Con relación al ejercicio 2020, cuyas cuentas anuales deberán ser aprobadas en 2021, tampoco cabrá derecho de separación por falta de reparto de dividendos para aquellas sociedades que se hubiesen acogido a un ERTE conforme a lo dispuesto en el RD-Ley 18/2020. En aquellas sociedades de más de 50 empleados a 29 de febrero de 2020.

10 de Marzo de 2021

NOVEDADES EN EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (LEY DE MEDIDAS DE LOS PRESUPUESTOS GVA 2021).

1. INTRODUCCIÓN

Como sabemos, el Impuesto sobre el Patrimonio (modelo 714) está regulado por la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP), y además, en la Comunidad Valenciana, por la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.

Con carácter general, el IP es un tributo de devengo anual, de carácter directo y naturaleza personal, que grava el patrimonio neto del que sean titulares las personas físicas a 31 de diciembre de cada año (artículo 1 LIP).

Por patrimonio neto de las personas físicas se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular una persona física, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo. No se establece un catálogo de bienes y derechos gravables: lo son todos aquellos susceptibles de valoración económica.

Cabe puntualizar lo siguiente:

• Dado el carácter estático del IP, que grava el valor de los bienes y derechos de contenido económico de que sea titular el sujeto pasivo en una fecha determinada, la posesión de determinados bienes a lo largo de un año, que se venden o transmiten antes de finalizar éste, no está sujeta a gravamen.
  
   
• Los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre al momento de la muerte del causante. Cuando una persona acepta una herencia y se convierte en heredero, debe declarar en su autoliquidación los bienes heredados en todos los ejercicios en los que se haya devengado el IP, desde el fallecimiento del causante. Cuando repudia la herencia, no debe incluir los bienes correspondientes a la porción hereditaria repudiada, pues en ningún momento entraron en su patrimonio (DGT CV 4- 2-19).
   
• El importe percibido en concepto de indemnización por despido está sujeto y no exento y debe ser declarado en el apartado que corresponda a los bienes en que se haya materializado (DGT CV 29-4-19).

Con efectos desde el 1-1-2021, se aplican novedades en relación a la vigencia y la tarifa del Impuesto en la normativa estatal: se eleva del tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa prevista en el LIP, y el IP pasa a tener carácter indefinido con la derogación de la bonificación general y supresión de la derogación de los artículos 6, 36, 37 y 38 LIP (DD 1ª Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021).

Para el ejercicio 2020, cuya declaración se presentará en 2021, existe un doble límite a la obligación de declarar, de forma que una vez superado cualquiera de los dos límites, el sujeto pasivo está obligado a presentar declaración y autoliquidar el impuesto. Estos límites están fijados en las siguientes cuantías (artículo 37 LIP):

- la cuota tributaria, una vez aplicadas las correspondientes deducciones o bonificaciones, resulta a ingresar;

- el valor de sus bienes o derechos es superior a 2.000.000 euros.

Los contribuyentes que presenten declaración por el IP, además, estarán obligados a utilizar la vía electrónica, o, en su caso, la vía telefónica, para la presentación de la declaración del IRPF o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda.

Para presentar la declaración por Internet es necesario disponer de alguno de los siguientes instrumentos de firma electrónica: certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia (RENØ).

2. ÁMBITO TERRITORIAL

Conforme establecen el artículo 2 LIP y los artículos 25, 26, 28, 31, 47 y 54 de la Ley 22/2009), con carácter general el IP se exige en todo el territorio español, si bien existen especialidades en relación a determinados regímenes tributarios por razón del territorio. Así, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen reconocidas por la Constitución características normativas propias, diferenciadas del resto de territorios estatales.

Cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común tiene cedido el rendimiento del Impuesto producido su territorio. A efectos de la atribución del rendimiento se toma como punto de conexión la residencia habitual del sujeto pasivo en dicho territorio, que es la misma que corresponda para el IRPF a la fecha del devengo del IP.

Ello equivale a excluir, como rendimiento cedido, el correspondiente a los bienes de sujetos no residentes, con la particularidad expuesta en el para los contribuyentes residentes en un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE). Esta particularidad consiste en que a éstos el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español (disposición adición 4ª LIP). Esta norma es aplicable tanto a contribuyentes sujetos a obligación real como sujetos a obligación personal (DGT CV 27-9-16).

Además, cabe reseñar que la aplicación a los no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE de la normativa propia de una Comunidad Autónoma constituye un derecho y no una obligación, y, como tal, constituye una opción del sujeto pasivo. Cuando se opte por la aplicación de la normativa de una Comunidad Autónoma, resulta aplicable toda la normativa aprobada por la misma, de manera que no es posible aplicar de dicha normativa exclusivamente los preceptos más favorables y no aplicar los desfavorables (DGT CV 1-7-16).

La titularidad de las competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión corresponde al Estado, si bien ha sido objeto de delegación en favor de las distintas CCAA, con el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley de Cesión.

Las CCAA pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento del Impuesto, la tarifa del mismo, y las deducciones y bonificaciones de la cuota.

No olvidemos los siguientes aspectos a tener en cuenta:

- La posible existencia de situaciones de doble imposición internacional exige tener en consideración los tratados y convenios internacionales.

- En las leyes que regulan el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen estatal se contempla la cesión del IP, fijándose su alcance y condiciones con remisión a lo establecido en la Ley 22/2009.

3. ÁMBITO TEMPORAL

El devengo del impuesto se produce el 31 de diciembre de cada año, y afecta al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha (artículo 29 LIP).

Consecuencia importante de lo anterior es que el fallecimiento de una persona determina que el impuesto no se devengue en ese ejercicio. El caudal relicto se grava como parte del patrimonio de los herederos o legatarios, pero no del causante.

4. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos del impuesto (artículo 5 LIP) solo las personas físicas. Se excluyen, pues, las entidades jurídicas y los entes sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la LGT.

Cada persona es gravada con independencia de cualquier otra persona o entidad, siendo la única fórmula de tributación, la individual.

Como regla general, la residencia habitual del sujeto pasivo, dentro o fuera del territorio nacional, es el hecho que determina su sometimiento al impuesto por alguna de las dos modalidades de exacción previstas: obligación personal, o real. No obstante, es posible que residentes españoles que pasen a tener su residencia en otro país tributen por obligación personal.

Por otro lado, se reconoce a los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE) el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español (disp.adic.4ª LIP). Esta norma es aplicable tanto a contribuyentes sujetos a obligación real como sujetos a obligación personal (DGT CV 27-9-16).

4.1. Obligación personal

Es la modalidad normal de aplicación del impuesto. Conforme a ella, se grava la totalidad del patrimonio neto del sujeto pasivo (patrimonio mundial), con independencia del lugar donde estén situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos (artículo 5.Uno.a LIP).
Están sometidas por obligación personal las personas físicas, españolas o extranjeras, que tengan su domicilio o residencia habitual en territorio español conforme a los criterios expuestos en el IRPF.

No obstante, los residentes españoles que pasen a tener su residencia en otro país, pueden optar por continuar tributando del mismo modo en España presentando la declaración por obligación personal en el primer ejercicio en el que hayan perdido su condición de residentes.

Cabe puntualizar que, al someterse también al impuesto los bienes situados en el extranjero, pueden darse supuestos de doble imposición. Para evitar o, al menos, paliar esa doble imposición, se permite, con ciertas condiciones, la deducción del impuesto satisfecho en el extranjero.

4.2. Obligación real

Las siguientes personas tributan solo por los bienes y derechos de que sea titular cuando los mismos estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español, cualquiera que sea su valor (artículo 5.Uno.b LIP; artículo 93.1 LIRPF):

1. Las personas físicas que no tengan su residencia habitual en territorio español.

2. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español (trabajadores desplazados), que opten por tributar por el IRNR manteniendo la condición de contribuyentes por el IRPF, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes.

2. NOVEDADES EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las principales novedades para 2021 del IP en la Comunidad Valenciana son las siguientes:

· Se reduce el mínimo exento a 500.000 euros, en caso de sujetos pasivos por obligación personal (para 2020 es de 600.000 euros), con carácter general, si bien se mantiene dicho mínimo en 1.000.000 de euros para contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

· Se modifica la escala del impuesto para incrementar su último tramo, al igual que ha ocurrido en la ley estatal del impuesto, que pasa del 2,5 por ciento hasta el 3,5 por ciento (artículo 30 LIP; artículo 66 LPGE 2021).

Base liquidable hasta euros	Cuota euros	Resto base liquidable hasta euros	Tipo aplicable porcentaje
0,00	0	167.129,45	0,25
167.129,45	417,82	167.123,43	0,37
334.252,88	1.036,18	334.246,87	0,62
668.499,75	3.108,51	668.499,76	1,12
1.336.999,51	10.595,71	1.336.999,50	1,62
2.673.999,01	32.255,10	2.673.999,02	2,12
5.347.998,03	88.943,88	5.347.998,03	2,62
10.695.996,06	229.061,43	En adelante	3,5

· Aumento del valor de las viviendas en el Impuesto de Patrimonio, considerando el mayor de cuatro, incluye el valor de referencia según Catastro (Valor real o de mercado). Por ejemplo: un contribuyente con dos viviendas (una vivienda habitual en Valencia y una segunda vivienda en playa).

	Valor catastral 2020	Valor de referencia 2021
Valor catastral vivienda habitual	200.000	618.000
Valor de referencia otras viviendas	150.000	472.500
Importe exento por vivienda habitual (máx. 300.000)	-200.000	-300.000
Mínimo exento	-600.000	-500.000
Patrimonio Previo	-450.000	290.500

Cabe recordar que existe un límite de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio, conjuntamente con las cuotas del IRPF, ya que no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60 por 100 de la suma de las bases imponibles del IRPF.

A estos efectos:

No se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80 por 100.

2 de Diciembre de 2020

EL TRIBUNAL SUPREMO HA CLARIFICADO LOS REQUISITOS PARA CONSIDERAR EXENTA LA GANANCIA PATRIMONIAL POR REINVERSIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL

Tribunal Supremo, en su sentencia 2698/2020 (recurso 4417/2017), de 23 de julio de 2020, ha resuelto una cuestión, respecto al plazo en el que se tiene que producir la reinversión de la ganancia obtenida por la transmisión de la vivienda habitual para la aplicación de la exención en la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La Administración Tributaria parte de la falta de cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial obtenida en las liquidaciones recurridas. Se basa en la falta de acreditación de la obtención de la propiedad de la nueva vivienda habitual en el plazo de dos años desde la transmisión (cuatro años en el caso de viviendas en construcción según la normativa previa a la reforma del ejercicio 2013).

En el caso analizado, la adquisición de la propiedad no se produjo como consecuencia de la paralización del proyecto de construcción de los edificios dentro del plazo correspondiente, no acreditando, por tanto, el contribuyente que se había adquirido la propiedad del inmueble en el plazo establecido.

El Tribunal Supremo señala que no existe interés casacional en este caso al ser clara la regulación aplicable a este caso.

Requisitos que deben cumplirse para aplicar la exención de la ganancia patrimonial obtenida:

• Transmisión de la vivienda habitual de los contribuyentes dónde aflore una ganancia patrimonial.
• Reinversión de la mencionada ganancia en la adquisición, construcción o rehabilitación de una nueva vivienda habitual (es posible la exención parcial de la ganancia en el caso de reinversión parcial).
• La obtención de la propiedad debe de producirse en los dos ejercicios anteriores o posteriores a la mencionada transmisión debiendo de ser acreditada a través de la escritura correspondiente.
• Se concede un plazo adicional de 12 meses, desde la adquisición de la propiedad de la vivienda habitual para que se produzca la residencia habitual en la misma según los términos del artículo 41.bis del RIRPF.

De esta forma, en los casos en los que no se pueda acreditar en el plazo correspondiente la posesión de la propiedad, no será considerada como exenta la ganancia patrimonial obtenida, debiendo de realizar la autoliquidación complementaria correspondiente por parte de los contribuyentes.

Para los casos anteriores a diciembre de 2013, dónde se encontraba en vigor el artículo 55 del RIRPF, en el caso de viviendas en construcción el plazo aplicable es de 4 años, con la posibilidad de ampliación de 4 años adicionales en el caso de no finalización de las obras por causas no imputables al contribuyente. Sin embargo, este plazo adicional será aplicable si previamente, en el plazo de 1 mes desde la finalización de los primeros 4 años, se solicita la ampliación por parte del contribuyente.

 

2 de Octubre de 2020

REAL DECRETO LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LAS MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

1. ERTE DE FUERZA MAYOR

Se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes. Sin embargo, ahora están limitados a aquellas empresas de unos sectores específicos (relación adjunta*), que serán básicamente aquellos relacionados con el turismo y el ocio, aunque se extenderán también a las compañías que acrediten que al menos un 50% de su facturación depende de las actividades más afectadas por la pandemia.

Las exoneraciones serán del 85% (de la aportación empresarial) para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las más grandes, tanto para los suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos.

Además, se mantendrán estas mismas exoneraciones en caso de que las empresas de los sectores más afectados o de la cadena de valor pasen de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

 

2. ERTE POR IMPEDIMENTO

Las empresas que tengan que cerrar alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las medidas sanitarias impuestas (a partir del 01/10/20) por las autoridades españolas o extrajeras podrán solicitar un ERTE por impedimento, que sustituye a los de rebrote.

Tendrán una rebaja en sus cotizaciones durante el periodo de cierre y como máximo hasta el 31 de enero que será del 100% (de la aportación empresarial) para las más pequeñas y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

 

3. ERTE POR LIMITACIÓN

Se trata de una nueva modalidad de ERTE creada para aquellas compañías que vean limitado, aunque sea de forma parcial, el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas, como pudiera ser limitaciones de aforo o de horario.

De esta forma, los comercios o negocios de hostelería y restauración situados en una zona con restricciones podrán solicitar estas nuevas ayudas que se mantendrán durante los próximos cuatro meses.

En estos ERTE por limitación las rebajas para las empresas más pequeñas serán decrecientes y solo para los trabajadores afectados: del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 85% en diciembre y del 80% en enero. Para las de más de 50 empleados, estas exoneraciones se reducen al 90%, 80%, 75% y 70% de octubre a enero, respectivamente.

 NOTA: Los ERTES por causas técnicas, económicas , organizativas o de producción vigentes, se prorrogan si las circunstancias que los originaron permanecen. Así mismo los ERTE de fuerza Mayor existentes también se pueden convertir en aquellos.

 

4. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

La cuantía para los afectados se mantiene en el 70% de la base reguladora y podrán acceder cualquier persona aunque no tenga el mínimo de cotización necesario. Pero ahora sí se produce un recorte en los derechos de los trabajadores: los nuevos ERTE consumirán paro si la persona afectada pierde el empleo a partir de 2021, aunque no si es este año o el que viene.

Por otro lado, las personas con el empleo suspendido tendrán por primera vez atención preferente para recibir cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo

 

5. SEIS MESES MÁS SIN PODER DESPEDIR

La nueva prórroga de los ERTE mantiene la prohibición de despedir y además establece un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo para las empresas que se acojan a un nuevo ERTE exonerado. Como en el acuerdo anterior, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, salvo por razones de formación. De igual manera se mantienen los límites en el reparto de dividendo.

 

CNAE-09 A LOS QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS ESPECIALMENTE AFECTADAS DEFINIDAS EN EL APARTADO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

0710 Extracción de minerales de hierro.

2051 Fabricación de explosivos.

5813 Edición de periódicos.

2441 Producción de metales preciosos.

7912 Actividades de los operadores turísticos.

7911 Actividades de las agencias de viajes.

5110 Transporte aéreo de pasajeros.

1820 Reproducción de soportes grabados.

5122 Transporte espacial.

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004 Gestión de salas de espectáculos.

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

3220 Fabricación de instrumentos musicales.

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510 Hoteles y alojamientos similares.

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001 Artes escénicas.

5914 Actividades de exhibición cinematográfica.

1393 Fabricación de alfombras y moquetas.

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

2431 Estirado en frío.

5223 Actividades anexas al transporte aéreo.

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590 Otros alojamientos.

5010 Transporte marítimo de pasajeros.

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932 Transporte por taxi.

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

 

2 de Octubre de 2020

REAL DECRETO LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL TRABAJO A DISTANCIA- TELETRABAJO

El Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, publicado en el BOE del 23 de septiembre entrará en vigor –con las excepciones que se indicarán– en 20 días (13 de octubre).

Establece los contornos de lo que ha de entenderse como trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular, y establece el concepto de teletrabajo: aquel donde lo determinante es el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RDL, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Definición: El RDL será de aplicación al trabajo por cuenta ajena desarrollado a distancia con carácter regular, esto es, a aquel prestado bajo esta modalidad durante al menos un 30% de la jornada (16 h. / 2 jornadas de 8 horas), o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, en un periodo de referencia de 3 meses (quedando fuera de esta regulación, por tanto, el trabajo prestado en este régimen que no alcance el umbral indicado, salvo que los convenios o acuerdos colectivos fijen un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados por el RDL).

Limitaciones: en relación con dos supuestos concretos: los contratos celebrados con menores y los contratos formativos, en los que solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos. En que los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al que acaba de indicarse, siempre que no se celebren con menores de edad.

Exclusiones:

1. Completa: personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica 

2. Con regulación temporal. Se trata del trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020 (carácter preferente del trabajo a distancia) o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas del COVID-19, que, mientras estas se mantengan, seguirá rigiéndose por la normativa laboral ordinaria (disp. trans. 3ª RDL), aunque con la obligación por parte de las empresas de dotarlos de medios, equipos, herramientas y consumibles, así como de atender al mantenimiento que resulte necesario y de compensar los gastos derivados para la persona trabajadora a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados, en la forma que establezca la negociación colectiva.                           

3. Temporal (disp. trans. 1ª). Respecto a las relaciones de trabajo vigentes y reguladas con anterioridad a la publicación del RDL (23 de septiembre de 2020) por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, dos supuestos:                                                                           

       - Si los convenios o acuerdos referidos tienen plazo de vigencia: la aplicación del RDL se producirá desde el momento que estos decaigan.                                                                                                          

      - Si no prevén un plazo de duración, el RDL se aplicará íntegramente una vez transcurrido 1 año desde su publicación en el BOE (a partir del 23 de septiembre de 2021), salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior, que como áximo podrá ser de 3 años.

Para estos supuestos, además se contempla expresamente la conservación de los derechos o condiciones más beneficiosas que se vinieran disfrutando y que se reflejarán en el acuerdo de teletrabajo que se habrá de formalizar en el plazo de 3 meses desde que el RDL resulte de aplicación.

Por último, para los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a 23 de septiembre de 2020 no derivados de convenios o acuerdos colectivos, también se establece, además de la conservación de las eventuales mejores condiciones, un plazo de 3 meses, en este caso hasta el 23 de diciembre de 2020, para efectuar las correspondientes adaptaciones o modificaciones. 

 

EL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA

El trabajo a distancia es voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora, y por consiguiente requiere del concurso de ambas voluntades tanto para su efectividad como para el retorno a la modalidad de trabajo presencial. En consecuencia,

No podrá imponerse en aplicación del artículo 41 del ET (modificación sustancial de las condiciones de trabajo).

No serán causas justificativas de la extinción del contrato ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo:

a) la negativa a trabajar a distancia; 

b) el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial, y 

c) las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia                      

Se debe suscribir un acuerdo de voluntades para prestar el trabajo a distancia, estableciendo una serie de requisitos formales y con contenido mínimo de obligada observancia, cuyo incumplimiento se tipifica como infracción grave sancionable con multa de 626 a 6.250 euros (nueva redacción del art. 7.1 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social). También deben acordarse por escrito las modificaciones del acuerdo.

Requisitos formales:

• El acuerdo deberá constar por escrito y formalizarse de este modo con carácter previo a su aplicación.
• Podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o hacerse en un momento posterior, pero siempre antes de que se inicie el trabajo a distancia.
• La empresa deberá formalizar y entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia (vid. art. 8.4 ET) de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyéndose los datos que pudieran afectar a la intimidad personal (vid. LO 1/1982, de 5 de mayo). Todo ello en un plazo no superior a 10 días, Es obligación de la empresa de formalizar copia y remitirla a la oficina de empleo también procederá aunque no exista representación legal de las personas trabajadoras.

Contenido mínimo obligatorio (sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios o acuerdos colectivos –vid. disp. adic. 1ª RDL–).

• Inventario de medios, equipos y herramientas, tanto consumibles como elementos muebles, y vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.        
• Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.                                                                                   
• Horario de trabajo y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.                                      
• Porcentaje y distribución, en su caso, entre trabajo presencial y trabajo a distancia.
• Centro de trabajo al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.            
• Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.                                                                                             
• Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.                                                                                                
• Duración del acuerdo de trabajo a distancia.                                                                    
• Medios de control empresarial de la actividad.                                                                
• Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.            
• Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos,                         
• específicamente aplicables en el trabajo a distancia.                                                       
• Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.                                                          

Modificación del acuerdo. Alterar las condiciones establecidas en el acuerdo requiere la conformidad de ambas partes y su formalización por escrito con carácter previo a su aplicación, así como ponerlo en conocimiento de la representación legal de los trabajadores, si la hubiera.

Cuando la modificación afecta al porcentaje de presencialidad o cuando se trata de pasar de trabajo presencial a trabajo a distancia o viceversa, se ordenan prioridades donde es notoria la intervención empresarial y la regulación pactada. Así:

• Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. La empresa, a estos efectos, informará a estas personas que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan.                                              

• Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias (por ej. las relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con discapacidad o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, así como las enunciadas por el propio RDL que se han señalado en el párrafo anterior).          

El RDL indica que en el diseño de estos mecanismos se deberá evitar la perpetuación de roles y tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN EL TRABAJO A DISTANCIA

La igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación de las personas que realizan el trabajo a distancia respecto a los que prestan servicios presenciales. 

El trabajo a distancia no puede suponer cambio alguno en el estatus jurídico de la persona trabajadora, particularmente por lo que se refiere a la retribución y al tiempo de trabajo, ni constituir causa justificativa por sí misma para modificar las condiciones laborales ni para extinguir la relación de trabajo, debiendo las empresas evitar cualquier discriminación y tener en cuenta a estas personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en las medidas que adopten, especialmente contra el acoso (sexual, por razón de sexo, por causa discriminatoria y laboral) y para la protección de las víctimas de violencia de género, así como en los planes de igualdad.

La igualdad de derechos declarada en el capítulo I se desarrolla en el III detallando las especiales precauciones a tener en cuenta en aquellos especialmente sensibles cuando se trata de trabajo a distancia, y haciéndose una llamada a las concreciones establecidas en los acuerdos de trabajo a distancia correspondientes y las que se señalen en los convenios o acuerdos colectivos.

• Derecho a la formación. Las empresas no solo deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, sino garantizarles la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas.                      
• Derecho a la promoción profesional. La empresa deberá informarles, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo presencial o a distancia.                                  
• Derecho a percibir la retribución total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así como los complementos establecidos para las personas trabajadoras que solo prestan servicios de forma presencial (recuérdese que hay complementos inherentes a la realización de la prestación laboral de manera presencial que puede que no procedan en el trabajo a distancia, p.ej. plus de transporte), particularmente en aquellos vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características del puesto de trabajo.
• Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas necesarios y a la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo. Téngase en cuenta que las dificultades técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora que pudieran producirse, no podrán perjudicar a la persona trabajadora ni acarrearán modificación alguna en las condiciones pactadas, en particular en su retribución ni en el tiempo de trabajo.                                           
• Derecho a que el «desarrollo del trabajo a distancia» sea sufragado o compensado por la empresa, no pudiendo suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.                                                            
• Derecho a flexibilizar el horario, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso.

Tendrán, asimismo, los derechos de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del ET.

• Derecho al registro horario, que deberá reflejar fielmente el tiempo dedicado a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y que deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada.                                        
• Derecho a la desconexión digital en los términos del artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD).                                                                  
• Derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Respecto a la evaluación de riesgos se establece que únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no el resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.

La empresa deberá obtener toda la información precisa «mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso», sin embargo se detalla cómo ha de procederse cuando para ello se necesite visitar el lugar en el que se desarrolla el trabajo a distancia, señalándose que: deberá emitirse un informe escrito, que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención, justificando dicho extremo, y se requerirá el permiso de la persona trabajadora cuando se trate de su domicilio o del de una tercera persona física, contemplándose para los casos en que este no se conceda que pueda desarrollarse la actividad preventiva en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de prevención.

• Derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la ya mencionada LOPDPGDD, concretándose tres extremos:                                    
• La prohibición a la empresa tanto de exigir que se instalen programas o aplicaciones en dispositivos que sean propiedad de la persona trabajadora, como de que se utilicen esos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.                                                                                     
• La remisión a los convenios o acuerdos colectivos como marco en el que se podrán especificar los términos en los que las personas trabajadoras podrán hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de las empresas.                                            
• La obligación de que las empresas establezcan criterios de utilización de los dispositivos digitales –en cuya elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras– respetando, en todo caso, los estándares mínimos de protección de la intimidad.                                            
• Derechos colectivos. Dando entrada de nuevo, sin especificación concreta del ámbito, a la negociación colectiva como cauce para establecer las condiciones que garanticen su ejercicio, se concretan tres obligaciones empresariales al respecto:                                                                

• La de suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad, en concreto el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual.                                                
• La de asegurar que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas trabajadoras.                                                                    
• La de garantizar que las personas trabajadoras a distancia pueden participar en las actividades organizadas o convocadas por la representación legal o por el resto de personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, y, en particular –y dada la escasa implantación del voto electrónico–, garantizar su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes legales.     

 

FACULTADES DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL EN EL TRABAJO A DISTANCIA

El RDL establece en su capítulo IV que la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, y que las personas trabajadoras en el desarrollo del trabajo a distancia estarán obligadas a cumplir sus instrucciones en materia de protección de datos y sobre seguridad de la información.

 

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS DERIVADAS DEL ACUERDO SOBRE TRABAJO A DISTANCIA

• En el ET, además de la nueva redacción dada al artículo 13, se modifican los artículos:
• 23.1 a), para incluir como derecho de la persona trabajadora, en materia de promoción y formación en el trabajo, el acceso al trabajo a distancia, si este régimen está instaurado en la empresa y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.                                                                         
• 37.8, para añadir entre los derechos que tienen las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o del terrorismo el de realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas.           

• En la Ley reguladora de la jurisdicción social, se incluye un nuevo artículo 138 bis, dentro de la sección 4ª del capítulo V del título II (cuya rúbrica se adecúa), para recoger el procedimiento especial a seguir en las reclamaciones relacionadas con el acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.

 

PRÓRROGA DEL PLAN MECUIDA

Con entrada en vigor el 23 de septiembre de 2020, el Plan MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020, de 17 de marzo) se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 (disp. adic. 3ª RDL).

 

PRÓRROGA DE LA CONSIDERACIÓN COMO CONTINGENCIA PROFESIONAL DE ENFERMEDADES PADECIDAS POR PERSONAL DE CENTROS SANITARIOS

La disposición adicional 4ª del RDL (en vigor el 23 de septiembre) recoge el término final de la prórroga de esa consideración, ya fijado por la disposición adicional octava del RDL 27/2020, hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL COMO SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO DE LOS PERIODOS DE AISLAMIENTO, CONTAGIO O RESTRICCIÓN EN LA MOVILIDAD POR COVID-19

La modificación –efectuada a través de la disposición final 10ª del RDL– del artículo 5º del RDL 6/2020, de 10 de marzo, referido a la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

12 de Febrero de 2020

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 3/2020 DE 4 DE FEBRERO EN MATERIAS DE ÁMBITO FISCAL

Con entrada en vigor con carácter general desde el 6-2-2020, y como consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas de la UE, además de las modificaciones en el IVA, es necesario reseñar otras en relación a los procedimientos amistosos, al IRPF y al ITP y AJD:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.)

Las cantidades percibidas por los partícipes de planes de pensiones, cuando hagan efectivos sus derechos consolidados (en supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave) o, por los partícipes de planes de pensiones del sistema individual y asociado, en caso de disposición anticipada del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, recibirán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones.

(RDL 3/2020 disp.final 4ª)

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (I.T.P. Y A.J.D.)

La exención aplicable a la constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el RDLeg 1/2002 pasa a regularse en la LITP.

(RDL 3/2020 disp.final 3ª)

Procedimiento

Con el fin de adaptarlo a la normativa europea, se modifica la normativa interna sobre procedimientos amistosos.

En particular:

• Se amplía el ámbito de aplicación de la normativa interna los litigios que se deriven de convenios internacionales para evitar la doble imposición de la renta;
• se perfila el concepto de acuerdo firme;
• se regula la suspensión en los casos de concurrencia de procedimientos;
• se establece la jerarquía normativa; y
• se fijan determinadas directrices sobre la comisión consultiva.

(RDL 3/2020 art.217, 218 y disp.final 4º)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Por último, este real decreto-ley también modifica la regulación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con el fin de transponer la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de  10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando la seguridad jurídica. En concreto, la Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán denegar el acceso al procedimiento de resolución regulado en el artículo 6 de la misma cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave. En este sentido, España, haciendo uso de dicha facultad, define qué se entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa española aplicable a los procedimientos amistosos en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

Asimismo, se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la tramitación de los procedimientos amistosos respecto de los procedimientos judiciales y administrativos de revisión aquellos casos en los que hayan sido impugnadas las antedichas sanciones. A su vez, se confieren al Tribunal Económico-Administrativo Central las funciones atribuidas por la mencionada Directiva (UE) 2017/1852 en materia de constitución y funcionamiento de la comisión consultiva. Además, se elimina la excepción relativa al devengo de intereses de demora, lo que conllevará el devengo de estos durante la tramitación de los procedimientos amistosos iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

NOVEDADES EN MATERIA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Finalmente, se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el fin de acompasarla a los cambios introducidos en materia de procedimientos amistosos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. El presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para la utilización del instrumento normativo del real decreto-ley se justifica en este supuesto por cuanto que la transposición de dicha Directiva (UE) 2017/1852 vencía el 30 de junio de 2019 y para evitar, de este modo, posibles consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento del antedicho plazo. Adicionalmente a lo anterior, la ausencia de transposición de la referida Directiva de forma inmediata afectaría notablemente a la seguridad jurídica y a los derechos de los contribuyentes, en la medida en que derechos reconocidos a los mismos en la norma europea podrían ser invocados, pero no sería posible dar una adecuada respuesta por parte de España, al carecer de regulación específica al respecto, como, por ejemplo, en cuanto a la constitución de la comisión de arbitraje.

11 de Febrero de 2020

CONSECUENCIAS DEL BREXIT EN EL IVA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021

1. ENTREGAS DE BIENES

La salida de Reino Unido de la Unión Europea una vez finalizado el período transitorio (1 de enero de 2021) supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

Esto implica, en el caso de la entrada de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, la liquidación del IVA en el momento de la importación por la Aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido. Para ello deberá presentar el IVA mensualmente. En el caso de que el periodo de declaración fuera trimestral, podrá cambiarse a mensual mediante la inscripción en el Registro de devolución mensual (REDEME). En este caso, la empresa quedará obligada al Suministro Inmediato de Información (SII).

La base imponible del IVA en la importación es el Valor en Aduana añadiendo los siguientes conceptos en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

    - Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen con motivo de la importación, salvo el IVA

   - Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la Comunidad.

Las mercancías que sean transportadas desde el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) al Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA.

En el caso de que el empresario español efectúe entregas de bienes a particulares ingleses no será de aplicación el régimen de ventas a distancia.

Movimientos de mercancías desde el Reino Unido a los 27 Estados miembros en el momento de la retirada:

Para evitar una doble tributación, las adquisiciones intracomunitarias cuyo transporte desde Reino Unido a uno de los 27 Estados miembros se inicia antes del 1 de enero de 2021, no serán tenidas en cuenta si la llegada de las mercancías al lugar de destino se produce a partir de dicha fecha dando lugar a una importación.

2. PRESTACIONES DE SERVICIOS

Se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 Ley 37/1992, teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea y en particular, la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70.Dos Ley 37/1992, de tal forma que estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación del IVA español.

Para determinar dónde se localiza un servicio prestado a un cliente establecido en el Reino Unido o recibido de empresarios de dicho País se encuentra disponible la herramienta de ayuda “Localizador de prestaciones de servicios”:

Localizador de prestación de servicios

3. NIF-IVA Y MODELO 349

Dado que las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349.

Las empresas españolas que realicen operaciones con Reino Unido tampoco tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA.

En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), deberán disponer de un número EORI.

4. REPRESENTANTE FISCAL

Los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares, deben nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art. 164.Uno.7º LIVA)

5. RÉGIMEN ESPECIAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN O ELECTRÓNICOS (MOSS)

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que apliquen el régimen de Mini One-Stop Shop (MOSS) para las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos a particulares residentes en la Unión Europea, deberán cambiar su identificación MOSS y registrarse en un Estado miembro en el régimen de no establecidos en la Unión.

Los empresarios identificados en alguno de los 27 Estados miembros incluirán en las declaraciones de IVA MOSS para el primer trimestre de 2021 los servicios prestados en el Reino Unido hasta la fecha en que finaliza el período transitorio (31 de diciembre de 2020), aunque deban presentar esas declaraciones después de la citada fecha.  

 6. DEVOLUCIÓN IVA NO ESTABLECIDOS

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que adquieran mercancías y servicios en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) y deseen solicitar la devolución del IVA soportado, ya no podrán presentar su solicitud por vía electrónica, de conformidad con la Directiva 2008/9/CE del Consejo, y tendrán que hacerlo con arreglo a la Directiva 86/560/CEE del Consejo.

Será necesario que el solicitante nombre un representante residente en el territorio de aplicación del IVA español y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido respecto a las empresas españolas, salvo en los siguientes casos:

  - Plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados para ser utilizados en la fabricación de bienes que sean exportados con destino al empresario o profesional no establecido o destruido.

  - Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional que se celebren en el territorio de aplicación del Impuesto (Península e Islas Baleares).

  - Bienes y servicios destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos por empresarios que apliquen la MOSS.

 No obstante, en el caso del IVA soportado antes del 1 de enero de 2021 no será de aplicación la exigencia de reciprocidad, la obligación de nombrar representante, ni determinadas limitaciones y condiciones adicionales. Sin embargo, la Administración podrá requerir al solicitante que pruebe su condición de sujeto pasivo del impuesto y aporte las facturas.

7. EU VAT GUIDELINES

EU VAT guidelines

8. INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

A través del siguiente enlace podrá acceder a la página web de la Comisión Europea dedicada a la retirada del Reino Unido de la UE.

En ella encontrará información sobre los efectos del Brexit en la imposición indirecta. La información se encuentra disponible en inglés y, en algunos casos, español.

Preguntas frecuentes sobre la retirada de Reino Unido de la Unión Europea - de la Comisión de la UE el 31 de enero de 2020 (24-1-2020)

Información de la Comisión Europea sobre el impacto del Brexit   (Cómo prepararse para el Brexit; Guía aduanera para las empresas; Lista de pasos a seguir para los operadores de cara al Brexit)

11 de Febrero de 2020

CONSECUENCIAS DEL BREXIT EN ADUANAS Y EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2021

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El 29 de octubre de 2019 el Consejo Europeo ha prorrogado de nuevo el plazo inicialmente previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea hasta el 31 de enero de 2020 para permitir que concluya la ratificación del Acuerdo de retirada.

El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias. La Unión Europea tratará al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en lo referente a su participación en las instituciones de la UE y en las estructuras de gobernanza. En particular, durante ese periodo las empresas no tendrán que realizar formalidades aduaneras.

El periodo transitorio puede ser extendido una vez hasta uno o dos años. Tal decisión debe ser tomada conjuntamente por la UE y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020.

11 de Diciembre de 2019

¿PUEDE OBTENERSE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA REPERCUTIDO NO INGRESADO? TEAC 25/6/2019

Mediante la presente nota, te recordamos el procedimiento para la rectificación de las cuotas de IVA repercutidas y los supuestos en los que la rectificación de autoliquidación de IVA conlleva su devolución.

Como ya sabemos, nuestra norma interna exige que el IVA repercutido sea declarado e ingresado mediante el procedimiento de autoliquidación, y si ese IVA ha sido repercutido de forma incorrecta deberá rectificarse mediante el procedimiento previsto en el artículo 89 de la LIVA (entrega de la factura rectificativa y reintegro de lo indebidamente repercutido a al destinatario), y el destinatario tendrá que rectificar también el IVA deducido mediante el procedimiento previsto en el artículo 114. Sin cumplir estas exigencias no se puede dejar de ingresar las cantidades repercutidas en la factura, por cuanto ello comportaría una pérdida de ingresos fiscales no querida por la normativa interna, ni la normativa comunitaria.

La rectificación de las cuotas repercutidas debe efectuarse en los siguientes casos:

1º. Cuando se haya determinado un importe incorrecto de las mismas.

2º. Cuando se produzca modificación de la base imponible

También procede la rectificación de las cuotas repercutidas cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura correspondiente a la operación. No obstante lo anterior, existen determinados supuestos en los que no procede la rectificación:

- cuando el destinatario de la repercusión es un consumidor final; y

- cuando es consecuencia de una actuación administrativa y se demuestre la participación en un fraude, o que sabía o debía haber sabido.

Para que sea posible la rectificación es imprescindible que se haya producido su previa repercusión. Por tanto, si no se hubiera emitido la correspondiente factura no se está ante una rectificación de cuotas repercutidas, sino frente a una cuestión de plazos para efectuar la repercusión.

La rectificación ha de efectuarse por el sujeto que llevó a cabo la repercusión de las cuotas, quedando obligado el destinatario de la repercusión a soportar, cuando proceda, la rectificación de las cuotas repercutidas.

El plazo para rectificar las cuotas repercutidas es de cuatro años.

A continuación, sintetizamos la resolución 1972/2017, de 25 de junio de 2019, del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC).

SUPUESTOS EN LOS QUE LA RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN DE IVA CONLLEVA SU DEVOLUCIÓN. SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL TEAC de 25-6-19.

En el caso analizado por la Resolución del TEAC 1972/2017, de 25 de junio de 2019, durante el 1T del año 2011, una entidad adquiere un inmueble; operación que las partes entienden sujeta y no exenta de IVA. No obstante, la sociedad transmitente no ingresa la deuda tributaria.

Analizada la operación, la Administración determina que la misma no está sujeta al impuesto y, por lo tanto, la sociedad adquirente no tiene derecho a la deducción de la cuota soportada en la transmisión.

Ésta, al haber soportado una cuota de IVA indebidamente repercutida, inicia un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones con el fin de solicitar y obtener la devolución de la cuota (artículo 129.2 RGGI). La Administración acuerda efectuar la rectificación minorando la deuda de la entidad transmitente, sin que proceda a la devolución. Basa esta decisión en la aplicación de la norma reglamentaria, que determina que en los casos de autoliquidaciones a ingresar sin ingreso efectivo, solo procede devolver la cuota indebidamente repercutida que exceda del resultado de la autoliquidación pendiente de ingreso (artículo 14.2.c.2º RGRV). Como en este caso como no hay exceso, no se practica devolución.

Contra el acuerdo de resolución la entidad adquirente interpone reclamación económico-administrativa, donde formula tres alegaciones:

• el carácter “contra legem” (contrario a Derecho), del requisito recogido en el artículo 14.2.c. 2º RGRV;
  
• la aplicación retroactiva de la norma reglamentaria, en vigor a partir del 27-10-2013;
• la infracción del principio de neutralidad del IVA. El requisito aplicado sitúa a la entidad adquirente en la posición del consumidor final trasladándole el riesgo recaudatorio.

El Tribunal, analizado el caso concreto y la normativa aplicable, concluye que:

- no es competente para conocer del carácter “contra legem” del precepto aplicado, cuyo conocimiento corresponde a los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo;

- en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma (artículo 14.2.c.2º RGRV) la misma es de carácter procedimental y afecta únicamente a la regulación del procedimiento de devolución, iniciado el 18-4-2015, y no a la liquidación del tributo; por lo tanto en ningún caso hay retroacción; y

- en relación con la vulneración del principio de neutralidad del IVA, no existe enriquecimiento injusto de la Administración, puesto que en ningún momento ha percibido la cuota repercutida en la operación. La doctrina del TEAC señala que la Administración tributaria no puede exigir el ingreso del IVA repercutido no devengado, pues esa previsión a pesar de regularse por la normativa comunitaria no se encuentra recogida en la normativa del IVA (prohibición de aplicar el efecto directo vertical descendente).

Por ello, en este caso, no cabe exigir el ingreso de un IVA repercutido cuando se ha comprobado que la operación no estaba sujeta. Por el contrario, la devolución a la reclamante implicaría un perjuicio para la Administración, que asumiría un coste que ninguna relación tiene con el ámbito tributario, sino que es una cuestión que debe dirimirse entre los interesados como particulares, acudiendo en su caso a la correspondiente vía jurisdiccional.

Por todo ello, el Tribunal desestima la reclamación.

Por último, resulta interesante recordar que, por aplicación de la prohibición del efecto directo vertical descendente del derecho de la Unión Europea en perjuicio de los particulares, el TEAC cambió de criterio en 2015, declarando que no procede exigir el ingreso del IVA no devengado, en sus resoluciones sobre la no exigencia por la Administración de las cuotas de IVA no devengado e indebidamente repercutido:

- Resolución TEAC 7547/2012 (22-04-2015): caso del IVA repercutido en factura en operación que no debe tributar: no procede exigir el ingreso.

- Resolución TEAC 5328/2012 (22-09-2015): no puede la Administración tributaria exigir el ingreso del IVA repercutido no devengado basándose en el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE, puesto que nuestra normativa exige declarar e ingresar el IVA devengado, sin hacer mención al IVA repercutido, y no está traspuesto el artículo 203 de la Directiva.

Por tanto, en esta misma dirección se ha manifestado el TEAC en la resolución objeto de esta nota informativa, que es criterio reiterado en la resolución TEAC 5359/2016 (15-07-2019) que es otro caso de devolución de ingresos indebidos por repercusión improcedente, y que aplica el Principio de regularización íntegra.

CONCLUSIÓN

El Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución 1972/2017, de 25 de junio de 2019, indica que, para obtener la devolución del IVA repercutido mediante la rectificación de la autoliquidación, es necesario el ingreso de la cuota repercutida. La falta de ingreso solo conlleva la devolución del exceso.

En supuestos en los que se hayan deducido cuotas de IVA de forma indebida, que hubieran sido repercutidas improcedentemente, la Administración está obligada a comprobar si el contribuyente tiene derecho a la devolución de ingresos indebidos. No procede esta devolución cuando las cuotas indebidamente repercutidas no hayan sido ingresadas.

El IVA no se devenga si una operación no está sujeta al mismo, aunque el transmitente lo repercuta. La Administración tributaria no puede exigir el ingreso del IVA repercutido pero no devengado, por lo que si efectuara la devolución tendría un perjuicio del que no podría resarcirse. Además, asumiría un coste ajeno al ámbito tributario, al tratarse de una cuestión que debe resolverse entre los interesados como particulares, acudiendo en su caso a la correspondiente vía jurisdiccional. En este sentido, el TJUE ha señalado en supuestos de operaciones no sujetas al impuesto, en las que por error se consignó IVA en las facturas, que dichos importes no pueden calificarse de IVA.